Los feminicidios en Puebla ahora podrían costar hasta 80 años de prisión, además de que el servidor público que entorpezca la investigación sería encarcelado por 12 años, inclusive enfrentaría la destitución e inhabilitación de tres a diez años. Esta declaración se debe gracias a la diputada local, Rocío García Olmedo, pues presentó una iniciativa para ampliar la lista de agravantes por este delito y prohibir la cremación de cuerpos ante la posibilidad de hallar nuevas líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos.
Lo que se propuso es modificar la multa establecida en días de salario a Unidades de Medida y Actualización, por lo que resultaría en una multa de 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos. La priista García Olmedo plantea modificar el artículo 338 Quáter para que el castigo sea de 53 a 80 años de prisión por feminicidio, es decir que se incrementen hasta en una tercera parte en su mínimo y máximo en los siguientes casos:
1.- Cuando la víctima sea mujer menor de edad, adulta mayor, indígena, estuviera embarazada o padeciere alguna discapacidad.
2.- Cuando el sujeto activo sea servidora o servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición o haya intervenido en cualquier etapa del hecho delictivo.
3.- Si fuere cometido por dos o más personas.
4.- Si fuere cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviere vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil o una relación afectiva o sentimental de hecho, a sabiendas de esta relación.
5.- Si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad del sujeto activo, utilizando los medios o circunstancias que su cargo o situación personal le proporcionen.
6.- Si el delito fuere cometido previa suministración de estupefacientes o psicotrópicos para causar la inconsciencia de la víctima.
